A pesar de casi cuatro años de promulgada la norma, un estudio realizado por FOVIDA y analizado en la Mesa de avances y limitaciones de la Ley 31071, indica que su alcance es limitado debido a múltiples barreras tanto a nivel de la producción y venta como de la adquisición que recae en manos de las instituciones y programas sociales.

Si bien la ley busca que instituciones públicas como escuelas, comedores populares y gobiernos locales adquieran alimentos frescos directamente de pequeños productores organizados, esto no ocurre de manera eficiente.

El informe analizado en el marco de la mesa de diálogo “Avances y limitaciones de la Ley 31071” indica que, las compras, son esporádicas, de bajo monto y generalmente se hacen bajo la Ley de Contrataciones del Estado, que no prioriza a la agricultura familiar ni reconoce sus particularidades.

El investigador Laureano del Castillo explicó que la complejidad para obtener las acreditaciones sanitarias, certificaciones de inocuidad, formalización, trámites digitales y exigencias de volumen son barreras difíciles de superar para un pequeño agricultor.

Por ejemplo, la obtención de la certificación de inocuidad sanitaria, emitida por SENASA, es difícil para los agricultores e incluso pequeñas asociaciones, debido a lo costoso que puede resultar realizar las adecuaciones en la infraestructura y cerco perimétrico alrededor del local de acopio.

A ello se suma el desconocimiento del mercado estatal para alinear su oferta con la demanda. “Ello supone que los productores conozcan qué necesitan las entidades estatales para poder sembrar o criar esos productos. Pero, además, poder alinear su producción con los momentos en que las entidades las adquieran, lo que no siempre es fácil”, precisa el informe.

Contar con una asistencia técnica resulta fundamental para poder competir en el mercado de las compras estatales de alimentos. En este aspecto, la labor de los gobiernos locales es fundamental, pues pueden brindar a los agricultores familiares el apoyo técnico para conformar los COMPRAGRO y facilitar su acceso a los mercados.

Sin embargo, muchas municipalidades no han creado ni tienen personal capacitado para operar los COMPRAGRO órganos encargados de planificar y ejecutar las adquisiciones, así apenas se han conformado 46 en 13 regiones a pesar del tiempo de vigencia de la norma.

Frente a estas múltiples deficiencias, Edson Seopa, representante de la dirección general de asociatividad, servicios financieros y seguros de MIDAGRI, dijo que se trabajará en realizar modificaciones en la norma vigente para dinamizarla y adquirir nuevos alimentos promoviendo la participación de más sectores productivos de la agricultura familiar que conforman más del 90% de la agricultura en el país.

Para Ángel Villavicencio especialista en Agroecología de FOVIDA, los programas sociales compran productos a empresas especializadas, obligando a las y los pequeños agricultores a vender sus cosechas a los intermediarios, causando que la verdadera finalidad de la Ley de compras estatales de la agricultura familiar se distorsione o pierda.

“Queremos que los pequeños agricultores se conviertan en empresarios para que a través de esos mecanismos empresariales puedan acceder a mejores mercados, la pregunta es: ¿están preparados para ello? (…). Hay que identificar ello para ver cuáles son los cuellos de botella que impiden la aplicación efectiva de la norma”, explicó.

Si bien la ley tiene potencial al proponer la conexión de la producción rural con la demanda estatal, mejorar ingresos campesinos y garantizar alimentos más frescos y saludables para miles de peruanos.

La necesidad de un enfoque de género en las normativas

Ana Lucía Núñez, oficial de OXFAM en Perú, resaltó durante el evento la necesidad de que las normas incorporen un enfoque de género, a fin de garantizar beneficios específicos para las mujeres que participan en la cadena de producción de alimentos y que enfrentan múltiples desafíos agravados por los efectos del cambio climático.

“Las mujeres no solo se dedican al cultivo de los campos, también al cuidado de los hijos, fuera de las labores de cuidado que realizan en sus casas. Esta ley también debería tener un enfoque de género para mujeres agrarias, mujeres indígenas”, resaltó Nuñez.

La representante de OXFAM agregó que es vital que las normas reflejen la realidad de lo que vive en las comunidades donde los agricultores se enfrentan a diversas dificultades producto del cambio climático, y que, pese a esas limitaciones, no han dejado de producir, mostrando su capacidad de resistencia en épocas tan complejas para el país como la pandemia de la covid-19.

Demandan falsas expectativas en la implementación de la ley

Durante el evento también se presentaron experiencias sobre la implementación de la Ley de Compras Estatales, como la de la cooperativa agraria INPAMI en Junín, que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, pero que enfrenta serias limitaciones para vender al Estado, a pesar de la existencia de un marco legal que debería facilitarlo.

Carmen Marca, gerenta de la cooperativa, explicó que la ley generó altas expectativas entre los agricultores respecto a una posible mejora en sus ingresos; sin embargo, esto no se ha materializado. “Se esperaba un incremento en los ingresos, pero las ventas han disminuido en los últimos años”, afirmó.

Según indicó, esta situación se debe, principalmente, al desconocimiento de la ley y su reglamentación por parte de las municipalidades, la falta de presupuesto, la inexistencia de comités de Compragro y de personal encargado de su implementación, así como a una demanda limitada y poco frecuente, restringida a uno o dos productos al año.

Marca también lamentó que, en su momento, el programa Qali Warma no estuviera considerado dentro del alcance de la Ley de Compras Estatales, lo cual representó una oportunidad perdida para los pequeños productores.

Descarga el estudio completo aquí: https://fovida.org.pe/wp-content/uploads/2025/03/FOVIDA-Compras-estatales.pdf