Delegación peruana de la sociedad civil viaja a Uruguay para presentar su postura sobre
el pedido de asilo político del ex-Presidente Alan García
26.11.2018
Representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Asociación Nacional de Centros (ANC), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Instituto de Defensa Legal (IDL), Movimiento Feminista y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), viajaran a la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 25 al 28 de noviembre, para presentar la postura de sus organizaciones ante la solicitud de asilo político presentada por el ex-Presidente Alan García Pérez a las autoridades del Gobierno del Uruguay.
La Misión de la delegación de sociedad civil peruana, bajo el título de «América Latina debe cerrar filas en la lucha contra la corrupción», se propone informar y dar a conocer a las autoridades y opinión pública de Uruguay sobre la situación de la democracia, la vigencia del estado de derecho y el estado de la lucha contra la corrupción, en particular sobre los avances en la investigación del caso Lava Jato. La delegación considera que el pedido de asilo político del ex-presidente García Pérez, es parte de una estrategia deliberada que busca consagrar una vía de impunidad para los ex-presidentes y altas autoridades que en el Perú, y en buena parte de América Latina, se hicieron cómplices en graves hechos de corrupción, como ocurre con el caso Lava Jato en toda la región.
La delegación llama la atención sobre la estrategia del asilo político usada por el ex-presidente García, la misma que ya usó en el pasado. Se advierte que en 1992 con motivo del auto-golpe de Alberto Fujimori, García Pérez se refugió en la embajada de Colombia para luego salir rumbo a París. Su permanencia fuera del Perú le permitió al ex-presidente evadir los procesos judiciales abiertos en su contra por malos manejos de los recursos públicos y por violaciones a los derechos humanos. Se recuerda que Alan García retornó al Perú una vez que los procesos en su contra habían prescrito.
La delegación de sociedad civil tiene comprometida una nutrida agenda que incluye reuniones con autoridades del poder ejecutivo, legislativo; así como, de la Defensoría del Pueblo. En este sentido, se han previsto reuniones con el Canciller y Vice Canciller de la República Oriental del Uruguay, Sres. Rodolfo Nin Novoa y Ariel Bergamino; con la Presidenta de la Cámara de Senadores, Sra. Lucia Topolansky; y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Jorge Gandini. Asimismo, se ha solicitado una reunión con representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
Del mismo modo, se ha previsto reuniones con representantes y organizaciones de sociedad civil del Uruguay, que incluye a la Central Sindical Uruguaya PIT-CNT, a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay, a organizaciones del movimiento feminista y de mujeres, así como instituciones y representantes de sociedad civil comprometidas en la lucha contra la corrupción.
