Por: Diana Faichin, comunicadora de FOVIDA
En lo que va de 2026, los incendios forestales se extendieron por más de 10 regiones del país, dejando 12 personas fallecidas, familias damnificadas, viviendas dañadas y miles de hectáreas de vegetación y cultivos destruidos, y fauna afectada. En Junín, más de 6.300 hectáreas de pastizales y vegetación fueron arrasadas entre mayo y octubre. En Huancavelica al igual que otras regiones las comunidades enfrentaron el fuego con recursos limitados. Si bien ya no se registran incendios, la emergencia evidenció la necesidad de pasar de respuestas reactivas a una política efectiva de prevención, atención y recuperación de los territorios, de manera articulada.
De acuerdo con reportes publicados en la quincena de octubre, los incendios se extendían por al menos 13 regiones, según los registros del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Entre los territorios afectados se encuentran Junín, Cusco, Apurímac, Puno, Cajamarca, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Arequipa, Amazonas y San Martín, además de otras regiones con incendios reportados.
En la selva central, los incendios amenazaron territorios de comunidades asháninkas y áreas naturales cercanas a la Reserva Comunal Asháninka y al Parque Nacional Otishi. En Amazonas, otro incendio generó preocupación por su proximidad a la zona arqueológica de Kuélap. En Cusco, las emergencias afectaron distintos sectores de la región, mientras que en Puno se reportan graves daños en pastizales, totorales, viviendas y otros medios de vida.
Los daños van mucho más allá de la vegetación quemada. La destrucción de hábitats amenaza a la fauna silvestre, compromete la biodiversidad y deteriora ecosistemas que contribuyen a regular el agua y sostener las actividades productivas. Para las comunidades rurales e indígenas, perder bosques, pastizales y cultivos significa también poner en riesgo su alimentación, sus ingresos y su relación con el territorio.
Una emergencia nacional que exige respuestas, no indiferencia
Aunque los incendios reportados han sido controlados, sus consecuencias siguen afectando a las comunidades, que enfrentan la pérdida de bosques, cultivos, animales, la contaminación del agua por las cenizas y viviendas. La magnitud de los daños evidenció que el país necesita mucho más que intervenciones aisladas cuando el fuego ya está fuera de control: requiere una respuesta pública oportuna, articulada y con recursos suficientes para prevenir y atender estas emergencias.
El problema no se limita a la capacidad de apagar el fuego. También interpela la preparación del Estado para anticiparse a los riesgos, fortalecer los sistemas de alerta, garantizar equipos especializados, atender las pérdidas y acompañar la recuperación de las comunidades y las familias y los ecosistemas.
Cuando las comunidades deben responder principalmente con sus propios medios, mientras se multiplican los daños, queda en evidencia la necesidad de fortalecer la prevención y la coordinación entre los gobiernos locales, regionales y el Gobierno nacional. La responsabilidad de proteger la vida y los territorios no puede recaer únicamente en la población.
Las quemas agrícolas y las condiciones climáticas agravan el riesgo
Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entre mayo y octubre se registraron 48 incendios forestales en Junín, que arrasaron más de 6.300 hectáreas de pastizales y vegetación en la sierra y la selva. En Huancavelica, siete distritos habían reportado incendios al 15 de octubre.
Entre las causas inmediatas identificadas por los equipos de FOVIDA se encuentran las quemas de residuos agrícolas para limpiar y preparar las chacras, así como la quema de pajonales para favorecer el rebrote de pastos destinados a la alimentación del ganado. Estas prácticas pueden descontrolarse cuando coinciden con altas temperaturas, fuertes vientos, vegetación seca y escasez de lluvias.
Esta situación se evidenció en Junín, cuando el 4 de octubre una quema de pastos en la comunidad campesina de Apata se propagó hasta el área de conservación comunal Rumichurco, ubicada en Ñuñunhuayo, distrito de Masma Chicche, provincia de Jauja. El fuego atravesó el cauce seco de un río y, favorecido por el viento, alcanzó el área de conservación.
Según los reportes de campo de FOVIDA, cerca del 90 % de esta área resultó afectada y se destruyeron más de 6.000 plantones nativos, entre ellos cantutas, quinuales, colles y tasta, sembrados durante tres años de trabajo comunal.
Las dificultades para controlar el fuego también se hicieron evidentes en el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, donde la escasez de agua complicó las labores de respuesta.
Otro de los casos más graves ocurrió en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, donde un incendio amenazó territorios de comunidades asháninkas y ecosistemas de alto valor ambiental. Las labores de control requirieron la participación de brigadistas, bomberos, fuerzas del orden y población organizada, además de equipos especializados. El fuego permaneció activo durante 19 días y, según los reportes, solo las lluvias del 22 de octubre contribuyeron a su extinción de algunas partes. Al cierre de esta nota se informó que aún los incendios persistían en algunos puntos.
De acuerdo con el último reporte de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, la emergencia viene afectando aproximadamente a 150 familias, además de registrar alrededor de 3,000 hectáreas de bosque primario, 80 hectáreas de bosque secundario y más de 140 hectáreas de cultivos agrícolas afectados, comprometiendo principalmente la producción de cacao, yuca, maíz, papaya y otros productos de subsistencia. Esta situación golpea directamente a las familias asháninkas, cuya alimentación, economía y medios de vida dependen fundamentalmente de la agricultura.
A estas condiciones se suman los riesgos asociados al cambio climático, que agravan la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las poblaciones expuestas a periodos secos y temperaturas elevadas.
Por ello, la prevención debe ir más allá de advertir sobre los peligros del fuego. Es necesario promover alternativas prácticas para el manejo de residuos agrícolas, como la elaboración de compost y bocashi, fortalecer la vigilancia comunal y desarrollar campañas de educación ambiental que lleguen también a las localidades vecinas de las áreas de conservación.
Asimismo, las autoridades deben reforzar los mecanismos de alerta temprana, la disponibilidad de equipos especializados y los protocolos de coordinación para intervenir oportunamente ante nuevas emergencias.
Incendios forestales y Ley Antiforestal: el riesgo de perder los bosques y facilitar el cambio de uso del suelo
La emergencia por los incendios forestales también obliga a revisar el marco legal que protege los bosques y los territorios. La Ley N.° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, genera preocupación porque, cuando los bosques son destruidos y los terrenos pierden su cobertura vegetal, existe el riesgo de que se pretenda destinar esos espacios a actividades agropecuarias sin una evaluación adecuada de su aptitud y de sus funciones ecológicas.
Por ello, es fundamental fortalecer la fiscalización y garantizar que los terrenos afectados no sean objeto de cambios de uso incompatibles con la conservación.
Una respuesta pública que priorice la prevención y la recuperación
Los incendios forestales exigen una respuesta que atienda tanto la emergencia inmediata como sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. No basta con controlar las llamas: es necesario evaluar los daños, apoyar a las familias afectadas, recuperar las áreas degradadas y reducir el riesgo de que estos hechos se repitan.
Los gobiernos locales y regionales, en coordinación con las entidades nacionales competentes, deben fortalecer los sistemas de prevención y vigilancia, garantizar información pública actualizada y accesible, y asegurar recursos para las labores de control y recuperación. También corresponde evaluar las pérdidas agrícolas y forestales y facilitar el acceso de las familias a los mecanismos de protección y seguro agrario que correspondan.
La comunidad campesina de Ñuñunhuayo, junto a FOVIDA, ha planteado impulsar una campaña de reforestación durante diciembre, aprovechando la temporada de lluvias para favorecer el establecimiento de nuevos plantones nativos. La recuperación requerirá preparar y abonar el suelo, restablecer la cobertura vegetal y proteger las especies para contribuir a la recuperación del ecosistema.
Estas acciones deben acompañarse de procesos sostenidos de sensibilización ambiental, organización comunitaria y articulación institucional. La recuperación de los territorios no puede depender únicamente del esfuerzo de las familias que ya han perdido sus cultivos, plantaciones y espacios de conservación.
Los incendios forestales no solo queman bosques y pastizales: destruyen años de trabajo comunal, amenazan la biodiversidad y ponen en riesgo los medios de vida de miles de familias. Frente a esta emergencia, el país necesita una respuesta pública efectiva que priorice la prevención, proteja a las poblaciones más vulnerables y garantice la recuperación de los territorios afectados.
A este escenario se suman otros riesgos climáticos en el contexto del fenómeno de El Niño. En el valle del Mantaro, las heladas registradas desde inicios de octubre habrían afectado las siembras tempranas de papa y maíz, mientras que la escasez de lluvias y la menor disponibilidad de agua generan incertidumbre sobre la próxima campaña agrícola.
En territorios donde la agricultura y la ganadería constituyen fuentes esenciales de sustento, la combinación de incendios, heladas y déficit hídrico puede agravar la vulnerabilidad económica de las familias y comprometer el abastecimiento de alimentos a las ciudades.
Defender los bosques, las áreas de conservación y los territorios comunales es proteger el agua, la alimentación y la vida. Esta responsabilidad debe ser compartida por las comunidades, las instituciones y el Estado, con acciones concretas que permitan evitar nuevas pérdidas y construir territorios más resilientes frente a los riesgos climáticos.