Representantes awajún y wampis llegaron a la capital para exigir justicia por más de 800 casos de violencia sexual contra niñas y niños en Condorcanqui. Durante la actividad, organizaciones de la selva central advirtieron que esta problemática también afecta a comunidades indígenas de Junín.
En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, lideresas awajún y wampis llegaron a Lima para denunciar la falta de justicia frente a los numerosos casos de violencia sexual contra niñas y niños en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde las denuncias ya superan los 800 casos. Durante la actividad también participó Delia Santos Contreras, representante de la Red Provincial de Mujeres que Luchan contra la Violencia en Satipo, quien alertó que situaciones similares de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas también se registran en comunidades de la selva central.
Las representantes indígenas, junto con organizaciones de mujeres y de derechos humanos, realizaron una conferencia de prensa el viernes 6 de marzo y participaron en el primer bloque de la marcha por el 8 de marzo para exigir acciones urgentes del Estado frente a la situación de violencia e impunidad que afecta a la niñez indígena.
Las organizaciones también alertaron sobre el abandono estatal, el incremento de contagios de VIH en menores de edad y las limitaciones en el acceso a servicios de salud, justicia y protección en comunidades amazónicas.
Violencia estructural en territorios indígenas
Durante la conferencia, las lideresas señalaron que los casos denunciados de violencia sexual contra menores en Condorcanqui pasaron de 500 a más de 800, y advirtieron que podrían superar los 1.500 si se incluyen distritos como El Cenepa y Río Santiago, donde muchas víctimas no logran denunciar. También alertaron sobre el aumento de contagios de VIH en menores de edad; al menos 60 niñas han sido diagnosticadas con el virus.
Rosemery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, denunció que muchas niñas viven en comunidades alejadas sin acceso real a justicia, atención médica ni acompañamiento psicológico.
Por su parte, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que lo ocurrido en Condorcanqui no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural vinculada al racismo, la pobreza y la limitada presencia del Estado en territorios indígenas. Esta situación se agrava por la falta de servicios básicos y la débil respuesta institucional frente a casos que incluso involucran a docentes de escuelas residenciales.
Mujeres de Satipo advierten que la violencia también afecta a la selva central
Durante la actividad, Delia Santos Contreras, representante de la Red Provincial de Mujeres que Luchan contra la Violencia en Satipo y miembro de la comunidad nativa de Yavirironi, en el distrito de Río Negro (Junín), expresó su solidaridad con las mujeres awajún y wampis y advirtió que la violencia contra niñas y adolescentes indígenas también es una problemática persistente en la selva central.
“Muchas niñas y adolescentes quedan embarazadas a temprana edad y esto suele normalizarse. Además, cuando las mujeres indígenas denuncian, muchas veces no son escuchadas o incluso son culpabilizadas”, señaló. La lideresa indicó que en el distrito de Río Negro el tipo de violencia más frecuente es la violencia física; sin embargo, advirtió que muchos casos de violencia sexual contra menores no llegan a denunciarse debido al miedo, la falta de acceso a las instituciones de justicia y las barreras culturales.
Movilización durante el 8M
Durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer, las lideresas del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umykai Yawi de Condorcanqui y de la Red Provincial de Mujeres de Satipo marcharon en el primer bloque junto a organizaciones aliadas.
Las manifestantes llevaron una banderola con el mensaje: “¡Impunidad es violencia! ¡Justicia para Condorcanqui!”, exigiendo investigaciones efectivas, acceso a servicios de salud, acompañamiento psicológico y medidas de protección para las víctimas.
Estas acciones contaron con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil como Forum Solidaridad, FOVIDA, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DEMUS, el CAAAP, CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Grupo Impulsor de Género y Cambio Climático.
