El develamiento de los casos de corrupción por parte de la Empresa Internacional ODEBRECHT a fines del 2016, en el marco de las investigaciones del caso “Lava Jato” en Brasil, fue el preludio de un gran terremoto político en las más altas esferas de varios países latinoamericanos. Los tentáculos de la corrupción alcanzaron a presidentes de la república, ministros, congresistas y funcionarios de alto nivel.
En el Perú, este hecho provocó que el Ministerio Público y la justicia peruana asuma las investigaciones de los vínculos ilícitos de exmandatarios como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, a la ex alcaldesa Susana Villarán, a Alan García, Keiko Fujimori y, al ex Ministro de Economía y ex Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.
Kuczynski creyó que podía gobernar sin alianzas políticas; no reconoció que ganó las elecciones presidenciales con un alto porcentaje de votos “anti fujimoristas”, que no votaron por su agrupación política precisamente, sino por considerarlo como la mejor opción para gobernar el país.
Una seguidilla de desaciertos en decisiones políticas, deshonestidad en sus versiones sobre las relaciones con ODEBRECHT, de procesos de censura y renuncias, de cambios de gabinete ministerial, de revelaciones de investigaciones sobre actos de corrupción, de alianzas fallidas con un sector del fujimorismo, entre muchas otras, nos sitúa en un momento de crisis generalizada, donde la única apuesta en común desde los distintos sectores es mantener la democracia e intentar fortalecerla. La decisión de indulto a Alberto Fujimori, como canje para evitar su proceso de vacancia, provocó una caída rápida en su popularidad induciendo al rechazo del 75% de la población en enero 2018, además de la movilización de colectivos y movimientos que mostraban su rechazo a acuerdos y consensos realizados entre cuatro paredes.
Videos y audios con lenguaje al mejor estilo de sicarios o bandas organizadas de criminales, terminaron por desmoronar el actual gobierno. Congresistas y funcionarios coludidos en negociaciones de cohecho, pretenden hacer creer a la población que se trataban de conversaciones de trabajo y “fanfarronadas” sin sentido. Este mismo lenguaje y negociados bajo la carpeta, nos hicieron nuevamente testigos del nivel con el que se tratan los asuntos de interés nacional, y, como se estructuran actos delictivos para afianzarse en el poder y dirigir los destinos de un país, pensando en intereses particulares y anteponiéndolos a los intereses colectivos y a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
La ilegitimidad de la clase política transciende la esfera nacional y alcanza a gobiernos sub nacionales, frente a la cual la sociedad civil debe alzar su voz y poner en la agenda pública propuestas para erradicar la corrupción, sabiendo que es un cáncer generalizado que será muy difícil de combatir.
El panorama se muestra sombrío y a quien asuma los destinos del país le queda la ardua tarea de movilizar un aparato estatal estancado, concertar con las fuerzas políticas para promover reformas en el sistema político que fortalezca la democracia y profundice la lucha contra la corrupción, y gobernar para que los intereses de las grandes mayorías del país estén efectivamente representados en el Estado. Esta es la agenda mínima para una transición democrática.
Desde FOVIDA, como integrantes de la sociedad civil, preocupada por esta situación, nos sumarnos al proceso de resistencia de la población organizada ante el comportamiento de nuestra clase política. Es necesario desarrollar una acción ciudadana de diálogo y construcción de propuestas para arribar a consensos frente a estos hechos, que permitan fortalecer la institucionalidad política y la democracia.