Con el pretexto de fortalecer el trabajo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y contribuir a la transparencia y supervisión de los recursos que reciben las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional, el Pleno del Congreso aprobó el miércoles 12 de marzo, con 82 votos y sin mayor debate, el texto sustitutorio del dictamen de los proyectos de ley 6162, 6252 y otros.
Esta propuesta agrupa los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7367 y 7354, cuyo propósito es limitar y controlar las actividades de organizaciones ciudadanas de diversa índole. La iniciativa ha sido impulsada por el partido Fuerza Popular y sus bancadas aliadas, entre ellas Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Honor y Democracia.
Exonerada de segunda votación, la norma modifica la composición del Consejo Directivo de la APCI, otorgando mayor representación al gobierno de turno. Además, exige que todos los proyectos cuenten con la conformidad de la APCI antes de su ejecución y prohíbe a las ONG contratar con el Estado sin su aprobación previa.
La ley plantea, además, sanciones económicas excesivas, con multas que alcanzan hasta 500 UIT, así como la cancelación de la inscripción de la ONG en la APCI.
Auristela Obando, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmó que la norma busca fiscalizar a las organizaciones que realicen activismo político y que, según ella, “alteran la política pública nacional o los resultados electorales en favor de intereses”.
Asimismo, la modificatoria aprobada señala que “se tipifica como falta grave el uso de Cooperación Técnica Internacional (CTI) para fines contrarios al orden público, seguridad, defensa o leyes electorales»; restringiendo así, el derecho a denunciar abusos y promover el voto informado, debilitando el control ciudadano.
Por su parte, el congresista José Cueto reiteró su postura de que la APCI no ha tenido control sobre la supervisión de estos fondos y criticó que las ONG “persigan” a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en referencia a las acciones emprendidas por diversas organizaciones en defensa de los familiares de las más de 50 víctimas de las recientes protestas sociales.
El congresista Alex Flores sostuvo que la norma busca amordazar y ejercer control político sobre las ONG que resultan incómodas para el oficialismo, especialmente aquellas dedicadas a la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, así como a la atención de sectores desprotegidos por el Estado.
