A un día de conmemorarse 40 años de la masacre de Accomarca, ocurrido el 14 de agosto, donde militares asesinaron a 69 personas, entre ellas niñas y niños; el gobierno aprobó una Ley de Amnistía que brindará impunidad a más de 900 policías y militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Esta decisión representa un duro golpe para más de 600 procesos judiciales en curso y para las miles de familias que llevan décadas exigiendo justicia. Mientras se argumenta que los procesos han durado demasiado tiempo y afectan a los acusados, el Estado ignora el sufrimiento, la perseverancia y la esperanza de quienes aún esperan verdad y reparación.

La aprobación de esta ley, celebrada por el gobierno como un “acto de justicia”, en realidad constituye una burla y una grave violación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Además, contradice la constitución atentando contra la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, a la justicia y la reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el conflicto armado dejó casi 70 mil víctimas entre personas fallecidas y desaparecidas. De ellas, más del 37% fueron responsabilidad directa de agentes del Estado, comités de autodefensa y grupos paramilitares.

Esta amnistía también beneficiaría a responsables de casos emblemáticos como:

  • Pativilca, donde seis campesinos fueron secuestrados y ejecutados por el grupo Colina.
  • Manta, en el que mujeres y adolescentes campesinas fueron víctimas de violación sexual por parte de militares.
  • Barrios Altos, con la masacre de 15 personas durante una pollada comunitaria.
  • Esterilizaciones forzadas, que afectaron a miles de mujeres indígenas sin su consentimiento.

Desde FOVIDA, rechazamos esta ley discriminadora, que consolida la impunidad y vulnera los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

Exigimos la inmediata derogatoria de esta norma y la garantía de que el Estado peruano cumpla su obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, así como de asegurar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

¡No a la impunidad!

¡Sin Justicia, no hay democracia!