En las últimas semanas se ha hablado mucho respecto a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso de la República, pero ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cuál es el impacto de esta situación en la ciudadanía y la sociedad? En los siguientes párrafos intentaremos explicar de la manera menos compleja este asunto.

Un grupo de congresistas busca destituir arbitrariamente a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo cual representa una amenaza a la independencia y balance de poderes, es decir, un grave atentado contra el sistema democrático. La JNJ es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente que nombra, evalúa, ratifica y sanciona a jueces, fiscales y autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como a los jefes de la ONPE y el RENIEC[1]. Es decir, la JNJ funciona de forma independiente al Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

Es importante mencionar que la JNJ empezó a funcionar a finales de 2019 en sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), después de que una serie de audios se filtraron a la prensa los cuales comprometían a varios jueces y miembros del CNM a graves actos de corrupción. Es así como la JNJ a fines del 2019 empieza a funcionar en base a una reforma constitucional aprobada por el Congreso, la cual fue ratificada con 87% de los votos en un referéndum.

Teniendo estos antecedentes en cuenta, pasaremos a explicar qué está pasando en la actualidad. El 23 de agosto la congresista Patricia Chirinos presentó la moción Nº7565 solicitando iniciar una investigación sumaria contra los siete miembros de la JNJ. El motivo de la investigación sería una “causa grave” en base al pronunciamiento de los integrantes de la JNJ sobre el juicio político y antejuicio de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos[2]; la denuncia por supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera; interpretación por parte de la JNJ del numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú; incumplimiento de deber constitucional y de Ley Orgánica de la JNJ, por no presentar un informe anual al Pleno del Congreso de la República; filtración de procedimiento disciplinario contra la Fiscal de la Nación.

A pesar de que el procedimiento no está fundamentado en una causal disciplinaria específica prevista en el ordenamiento jurídico, rompiéndose con el principio de legalidad; el 7 de setiembre el Congreso de la República aprobó que la Comisión de Justicia realice dicha investigación sumaria por 14 días, sin que se garantice el debido proceso[3]. Esto sugiere que las acciones e interpretaciones de la figura “causa grave” estarían influenciadas por intereses políticos de grupos específicos contrarios a los valores democráticos.

Además, el 21 de setiembre el Congreso otorgó 14 días hábiles adicionales a la Comisión de Justicia para que presente su informe sobre la investigación contra los miembros de la JNJ. Hasta la fecha la Comisión ha aprobado un plan de trabajo y un informe preliminar[4].

Si nos preguntamos ¿por qué un grupo de congresistas busca destituir a los integrantes de la JNJ? Debemos tener en cuenta algunos datos importantes como que, hasta la fecha, la JNJ ha destituido o sancionado a 15 magistrados y 260 jueces, varios de ellos involucrados en el caso de corrupción “los Cuellos Blancos del Puerto”[5]. Otro dato relevante para tener en cuenta es que existen investigaciones fiscales en curso que involucran a un grupo importante de congresistas que dependen finalmente de la Fiscal de la Nación.

En ese sentido, si analizamos cuáles serían las consecuencias que este grupo de congresista logre destituir a los integrantes de la JNJ. Primero, vulneraría el sistema democrático ya que estarían afectando la independencia y balance de poderes en base a un proceso sumarísimo que no habría respetado el debido proceso. Segundo, los congresistas tendrían el poder de realizar acciones similares con otros órganos que les resulten incómodos para sus intereses. Tercero, los siguientes miembros de la JNJ tendrían similares presiones y amenazas políticas a la hora de cumplir con sus funciones, es decir, el Congreso tendría influencias en el nombramiento, evaluación, ratificación y sanción a jueces, fiscales, así como a los jefes de la ONPE y el RENIEC. El Congreso al tener influencia en el nombramiento de los jefes de la ONPE y el RENIEC estaría también influyendo los siguientes procesos electorales.

A nivel internacional, el Sistema de Naciones Unidas[6] ha expresado su preocupación por las investigaciones sumarias ya que la JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país. Es importante recordar que solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos ha expresado su preocupación por la investigación contra la JNJ y llamó al respeto del debido proceso. En ese sentido, la CIDH menciona que “la remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”[7].

Asimismo, diversas organizaciones internacionales[8] se han pronunciado en contra de las acciones del Congreso contra la JNJ, alertando que son ataques institucionales que afectan el orden democrático. En ese sentido, condenan el intento de remoción masiva, sumaria y arbitraria de los integrantes de la JNJ, advirtiendo que de consumarse significaría un golpe parlamentario a la institucionalidad democrática, al equilibrio de poderes y a la independencia judicial en el Perú.

Por su lado, la JNJ ha emitido un comunicado alertando que “la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”[9]

En conclusión, la destitución de los integrantes del JNJ de la forma como lo está llevando a cabo el Congreso de la República es un grave atentado contra nuestro sistema democrático. Si bien el Congreso cuenta con la facultad fiscalizadora y puede remover a los integrantes de la JNJ, no basta con tener los votos para poder hacerlo, se debe respetar el principio de legalidad y el debido proceso para no atentar gravemente contra la democracia. Si se concreta la destitución de la JNJ, el Congreso podría presionar e influir en los siguientes miembros de la JNJ para la elección de jueces, fiscales, así como representantes de la ONPE y el RENIEC. Esto último generaría que influya de alguna forma en los procesos electorales futuros. Finalmente, el Congreso podría realizar acciones similares con otros órganos que les resulten incómodos, lo cual significaría un mayor resquebrajamiento al sistema democrático.

Por otro lado, si el Congreso logra destituir a los miembros del JNJ, la ciudadanía se vería afectada en cuanto a su desconfianza en las instituciones, sobre todo en las autoridades que imparten justicia ya que estarían influidos por intereses políticos. Ese Sistema de Justicia influido y presionado por intereses políticos de algunos congresistas traería como consecuencias decisiones injustas y desprotección a los derechos humanos de las personas que acuden a estas instancias buscando lo contrario. Además, como consecuencia de la vulneración al sistema democrático se produciría inestabilidad política y económica; más aún, en base a la influencia del Congreso sobre la función de la JNJ en elegir representantes de los órganos electorales, lo cual probablemente afectaría a los ciudadanos ya que el proceso y los resultados electorales estarían guiados por estos intereses políticos.

En síntesis, los riesgos o peligros que el congreso destituya a los miembros de la JNJ:

  • El Congreso vulneraría el sistema democrático ya que estarían afectando la independencia y balance de poderes en base a un proceso sumarísimo que no habría respetado el debido proceso ni el principio de legalidad.
  • Los congresistas tendrían el poder de realizar acciones similares con otros órganos que les resulten incómodos para sus intereses.
  • Los siguientes miembros de la JNJ tendrían similares presiones y amenazas políticas a la hora de cumplir con sus funciones, es decir, el Congreso tendría influencias en el nombramiento, evaluación, ratificación y sanción a jueces, fiscales, así como a los jefes de la ONPE y el RENIEC. El Congreso al tener influencia en el nombramiento de los jefes de la ONPE y el RENIEC estaría también influyendo los siguientes procesos electorales.

Cómo afectaría a los derechos y libertades individuales:

  • Se produciría mayor desconfianza en las instituciones, sobre todo en las autoridades que imparten justicia ya que estas estarían influidas por intereses políticos.
  • Un Sistema de Justicia que se mueve en base a intereses políticos produciría una sociedad injusta ya que no habría equilibrio de poderes. La protección de los derechos humanos estaría en riesgo.
  • Se produciría inestabilidad política y económica a causa de quebrantamiento del sistema democrático.
  • La influencia de intereses políticos en la elección de los principales organismos electorales como la ONPE y el RENIEC, vulnerarían a mediano plazo con el derecho a la participación política de los y las ciudadanas ya que el proceso electoral, así como los resultados probablemente estarían afectados por estos intereses políticos.

 

[1] https://www.gob.pe/institucion/jnj/institucional

[2] Junta Nacional de Justicia. Sobre la independencia del Sistema de Justicia. 23 de mayo de 2023. Obtenido en: https://twitter.com/JNJPeru/status/1661150057339703296

[3] Quispe, D. (2023) JNJ: los vacíos en la investigación en su contra que vician el proceso. La República. https://larepublica.pe/politica/judiciales/2023/09/16/jnj-los-vacios-en-la-investigacion-en-su-contra-que-vician-el-proceso-poder-judicial-congreso-patricia-chirinos-879872

[4] Congreso de la República del Perú. Pleno del Congreso otorga 14 días hábiles adicionales a la Comisión de Justicia para investigar a miembros de la JNJ. 21 de setiembre de 2023. Obtenido en: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pleno-del-congreso-otorga-14-dias-habiles-adicionales-a-la-comision-de-justicia-para-investigar-a-miembros-de-la-jnj/

[5] La República. Cuellos Blancos: los jueces y fiscales supremos destituidos el 2021. 1 de enero de 2022. Obtenido en: https://larepublica.pe/politica/2021/12/31/caso-cuellos-blancos-conoce-quienes-son-los-fiscales-y-jueces-supremos-destituidos-por-la-junta-nacional-de-justicia-cnm-walter-rios

[6] Naciones Unidas. (2023). La separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena. https://peru.un.org/es/245123-la-separaci%C3%B3n-de-poderes-es-un-principio-fundamental-para-una-democracia-plena

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perú: CIDH expresa preocupación por investigación contra la Junta Nacional de Justicia y llama al respeto del debido proceso. 25 de setiembre de 2023. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/CIDH/prensa/comunicados/2023/222.asp

[8] Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundación para el Debido Proceso, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, RFK Human Rights, Human Rights Watch, Comisión Internacional de Juristas, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Observatorio Derechos y Justicia, y Fundación Construir. (2023). Organizaciones Internacionales condenamos ataque parlamentario contra la Junta Nacional de Justicia en el Perú. https://cejil.org/comunicado-de-prensa/organizaciones-internacionales-condenamos-ataque-parlamentario-contra-la-junta-nacional-de-justicia-en-el-peru/

[9] Junta Nacional de Justicia. (2023). JNJ rechaza amenaza al orden constitucional. https://twitter.com/JNJPeru/status/1699849192733053391/photo/1